Amplían facultades de la Policía Federal: “Estamos viviendo un retroceso democrático”

En diálogo con Radio Sudamericana, el diputado nacional Fernando Carbajal (UCR – Democracia para Siempre) advirtió sobre la inconstitucionalidad del decreto que amplía las funciones de la Policía Federal y confirmó la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estamos viviendo un retroceso democrático”, afirmó.

El diputado nacional por Formosa, Fernando Carbajal (bloque Democracia para Siempre – UCR), presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por considerar inconstitucional el decreto presidencial que otorga nuevas atribuciones a la Policía Federal.

En una entrevista con Radio Sudamericana Carbajal fue contundente: “Estamos viviendo momentos oscuros de retroceso de derechos”. El legislador hizo referencia al Decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei el 16 de junio y presentado al día siguiente junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el que se otorgan nuevas y polémicas facultades a la Policía Federal Argentina.

“Este no es un DNU, sino un decreto basado en facultades delegadas por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo ha excedido ampliamente esos límites”, explicó.

Según el diputado, el Gobierno utilizó la excusa de una reorganización administrativa para avanzar sobre materias que no le fueron delegadas por el Poder Legislativo, entre ellas la modificación indirecta del Código Procesal Penal Federal, con consecuencias que podrían afectar derechos constitucionales como la libertad individual y la inviolabilidad de la privacidad.

Denuncia internacional

Carbajal confirmó que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos fundamentales, basándose en el caso “Fernández Prieto vs. Argentina”, fallo en el que la Corte IDH condenó al país por permitir detenciones y requisas sin orden judicial.

“Este decreto reinstala prácticas que ya habían sido declaradas inconstitucionales. Viola los compromisos internacionales asumidos por Argentina y retrocede en materia de derechos humanos”, advirtió.

Preocupación ciudadana

Consultado sobre el impacto que este decreto puede tener en la vida cotidiana, el diputado fue claro: “Cualquiera puede ser detenido sin orden judicial o requisado por el solo hecho de parecer sospechoso. Esto no es eficiencia policial, es regresión democrática”.

Además, aseguró que ya se presentaron dos proyectos legislativos para derogar el decreto y de resolución para invalidar su aplicación por “excederse el marco de sus facultades legales” aunque reconoció que el trámite parlamentario es complejo y poco probable de resolverse en un contexto electoral. Por eso, se optó también por recurrir a instancias internacionales. “Una persona detenida basandose en esto deberá plantear su inconstitucionalidad”, dijo. 

“La CIDH suele actuar con celeridad en estos casos, y esperamos una medida cautelar que frene la aplicación de esta norma antes de que cause más daños”, señaló.

¿Puede el Estado argentino ignorar a la CIDH?

Carbajal fue enfático: “El Estado está obligado a cumplir con las decisiones del sistema interamericano. Ya hay antecedentes concretos, como en Formosa, donde se acataron medidas de protección dictadas por la CIDH”.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad: “La ciudadanía tiene razones para estar preocupada. Hay que prepararse para defenderse frente a un gobierno que ostenta la fuerza sin control y avanza sobre derechos que nos costó siglos conquistar”.